Informe 2018 sobre la tortura en el Estado Español por la CPDT.

En Junio de 2018 se ha publicado el nuevo Informe sobre Tortura en el Estado español, correspondiente al año 2017,  elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), entidad de la que forman parte cuarenta y seis organizaciones que trabajan en pro de los Derechos Humanos en el Estado español, entre ellas ALA.

Un mínimo de 1.014 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos, tratos inhumanos o degradantes en el año 2017, en al menos 224 situaciones ocurridas durante ese año.

La Coordinadora creada en 2004 ha publicado Informes anuales, en estos catorce años, hemos recopilado respecto de 3.602 situaciones en las que 9.085 personas han sido afectadas por agresiones, tortura y malos tratos.

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el momento, se han recopilado 55 casos de personas que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor parte, producida bajo custodia de la en prisiones (27 personas) le sigue la Guardia Civil (10 personas)

Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2017 (16 años), hemos tenido constancia directa de 705 fallecimientos en estas circunstancias.

En el presente informe añadimos artículos monográficos en los que se estudian los ámbitos de mayor preocupación para la CPDT en el último año. Entre ellos un primer estudio sobre otras situaciones definibles como “torturantes” en las que, sin darse todos los criterios de la definición de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, nos encontramos con la existencia de daños físicos o psicológicos que afectan a personas bajo custodia y que, sin poder achacarse a la intervención directa de ninguna persona concreta o entrar en la definición explícita de malos tratos, implican una degradación de la dignidad de la persona. Una de estas situaciones se dio en la cárcel de Archidona II, en la que antes de su inauguración se privó de libertad a mas de 500 personas migrantes al habilitarse el espacio como CIE temporal, sobre esta situación, que entendemos ilegal, presentamos un segundo artículo monográfico. El tercero de estos estudios se centra en el 1 de octubre en Catalunya y analiza la violencia policial acaecida en esa jornada.