El día 12 de septiembre, dos días antes de la fecha en la que está convocada la Junta General extraordinaria del ICAM que debe aprobar la enajenación del denominado “Legado Pedrol”, la Junta del Gobierno del ICAM ha publicado en la página web el expediente expropiatorio del Ayuntamiento de Salou, en el que se incluyen dos informes periciales de valoración de la finca.
Dicha publicación se produce después de que ALA denunciara, el 8 de septiembre, la falta de transparencia e información a los/as colegiados/as sobre el convenio expropiatorio que se presenta a la aprobación de la Junta General extraordinaria y solicitara por escrito a la Junta de Gobierno del ICAM la publicación en la web colegial de la siguiente información:
- El Dictamen de 4 de abril de 2016 de D. Alvaro Batlle Caravaca, arquitecto colegiado nº 10693/3 en el Colegio oficial de arquitectos de Cataluña, que, una vez examinadas las valoraciones existentes, cuantifica la valoración de la finca en 850.675,22.- €.
- Si el ICAM se encuentra al día en el pago de los impuestos (locales, autonómicos o estatales), tasas o cargas de cualquier tipo asociados a las citadas fincas y si se encuentran contenidas en el convenio expropiatorio las que pudieran existir pendientes de pago.
- Impacto fiscal (positivo, negativo o neutro) que pueda derivarse para el ICAM del referido Convenio expropiatorio.
- Por último es evidente que la Junta de Gobierno ha debido requerir y valorar distintos informes jurídicos a fin de llegar al Convenio expropiatorio que se somete a aprobación. Todos esos informes deberían ser publicados en la web del ICAM a fin de ser valorados por los/las colegiados/as pues en definitiva no es la Junta de Gobierno del ICAM quién aprueba el Convenio expropiatorio, sino la Junta General del ICAM que es la que debe tener acceso a toda la información valorada para llegar al Convenio expropiatorio que se pretende que aprobemos en Junta General.
Reiteramos la petición de la información solicitada y no publicada todavía, constatando una vez más la preocupante desinformación de la Junta de Gobierno sobre asuntos que, como el que es objeto de la Junta general extraordinaria del 14 de septiembre de 2016, afectan al patrimonio colegial y deberían tramitarse con la máxima transparencia.
Junta directiva de ALA