EL ICAM NO CUMPLE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Sonia Gumpert (consejera del CGAE y Decana del ICAM) no aplica en el Colegio de abogados de Madrid los criterios de transparencia aceptados por el Consejo General de la Abogacía Española.

 Los colegios profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, están sometidos al principio de transparencia en su gestión.

 La ley 19/2013 se publicó en el BOE de 10 de diciembre de 2013, entró plenamente en vigor el 10 de diciembre de 2014 (disp. final novena) y es de aplicación a los colegios profesionales por su condición de corporaciones de derecho público (art. 2.1.e) en lo relativo a sus actividades sujetas al derecho administrativo. El Consejo General de la Abogacía Española (C.G.A.E.) ha emitido un informe (informe jurídico 2/2014), distribuido a todos los colegios de abogados, a fin de uniformar la aplicación de la Ley 19/2013 y lograr unidad de criterio en su aplicación.

 Las obligaciones de transparencia impuestas a los colegios profesionales son:

 A)   De transparencia activa (arts. 5 a 8 de la ley).

B)   De transparencia pasiva (arts. 17 y ss.)

Estas obligaciones de transparencia se refieren exclusivamente a la actividad de los colegios profesionales sujeta al derecho administrativo; no obstante el CGAE considera que las obligaciones legales de transparencia deben de ser extensivas, así como que los colegios pueden dotarse voluntariamente de un régimen de transparencia superior al establecido legalmente, considerándolo muy recomendable a fin de reforzar la legitimidad y la confianza en las instituciones colegiales.

 La información sujeta a las obligaciones de transparencia debe ser publicada en la página web del ICAM de una manera clara, estructurada y entendible para los  interesados y, preferentemente, en formatos reutilizables; toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad por medios o formatos adecuados (art. 5.4 y 5).

 De acuerdo con el informe del CGAE la información que obligatoriamente debe aparecer en la página web de los Colegios de abogados es la siguiente:

-           Verificación de requisitos para acceder a la profesión de abogado y, en general, las obligaciones relativas al régimen de la colegiación obligatoria.

-           Régimen disciplinario de los colegiados.

-           Todas las actuaciones relativas a la deontología profesional, redacción de normas o códigos deontológicos.

-           Acuerdos emanados de los órganos de los Colegios, de la Junta General y de la Junta de gobierno de cada Colegio y las decisiones del Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno como actos sujetos al derecho administrativo, según lo dispuesto en el art. 94 y ss. del Estatuto General de la Abogacía.

-           Prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.

-           Memoria anual, que contenga al menos la información siguiente:

* Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

* Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

* Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

* Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, o sus organizaciones representativas, así como su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

* Los cambios en los contenidos de su código deontológico.

* Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.

-    La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas, en relación con actuaciones sujetas al derecho administrativo.

-     Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

-        Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad. Igualmente se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

-      La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.

Asimismo el CGAE establece la obligación de delimitar en los Colegios de abogados quién sea la persona o unidad responsable de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia pues, dado que el art. 9.3 de la Ley dispone que “el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora”, el incumplimiento reiterado de esta obligación constituiría una infracción grave de las contempladas en el art. 85 del Estatuto General de la Abogacía.

En la Junta General del pasado 18 de diciembre la Asociación Libre de Abogados preguntó la razón por la que, estando plenamente en vigor la Ley de Transparencia, el ICAM no cumplía la ley pues presenta en su página web una información incompleta (en relación con la exigible) y no la presenta de manera clara y estructurada, recibiendo la sorprendente respuesta por parte de la Decana de que estaban pendientes de un informe solicitado a los servicios jurídicos del ICAM.

No es admisible que más de un año después de la publicación de la Ley de transparencia y disponiendo del informe del CGAE sobre su aplicación se incumpla la ley con la excusa de que falta un informe jurídico del ICAM. Tampoco sabemos en este momento ni en qué fecha resolicitó dicho informe a los servicios jurídicos del ICAM ni quién es la persona o departamento del ICAM responsable del cumplimiento de las obligaciones de la Ley de transparencia.

Y es menos justificable que, formando parte Sonia Gumpert del CGAE y de su Comisión permanente, no sólo no cumpla las obligaciones de transparencia sino que ni siquiera aplique en el ICAM las mismas obligaciones de transparencia que ha asumido el CGAE (de acuerdo con el convenio marco de colaboración entre el CGAE y Transparencia internacional España, de 10 de diciembre de 2014), que se concretan en dar publicidad de los siguientes aspectos de su funcionamiento:

-           Agenda de la institución: actividades de las comisiones, grupos de trabajo y encargos(¿) delegados.

-           Órdenes del día y acuerdos del pleno y de las diferentes comisiones (omitiendo los datos de carácter personal)

-           Nombramientos discrecionales de cargos: publicación de los “currícula vitae” normalizados de los candidatos.

-           Participación de posibles colectivos interesados, mediante la apertura de un trámite de audiencia previa, en los procedimientos de elaboración de informes a proyectos de ley y disposiciones generales del Gobierno, salvo que se trate de colectivos que ya hayan emitido informe oficial o hayan intervenido de manera expresa y constatable en el proceso de elaboración de la norma; esta participación se hará efectiva cuando lo permitan los plazos concedidos al CGAE para emitir el correspondiente informe.

-           Información estadística en relación con el grado de satisfacción, cumplimiento y calidad de los distintos servicios prestados por la Institución, cuando se lleven a cabo los estudios pertinentes.

-           Encomiendas de gestión y delegaciones en órganos inferiores de competencia de contenido económico.

-           Actividad contractual. Publicación de los contratos, omitiéndose en todo caso los datos de carácter personal. Prórrogas de los contratos. Incidencias más relevantes en la ejecución contractual.

-           Convenios. Especialmente se publicitarán aquellos convenios de los que resulten obligaciones económicas para el CGAE.

-           Subvenciones. Medidas de fiscalización del gasto de las subvenciones  concedidas y ejecución de las recibidas.

-           Elaboración del presupuesto y detallado seguimiento presupuestario, mediante la utilización de información comprensible sobre el destino del gasto y los niveles de ejecución.

-           Explicación del sistema de control de gastos del CGAE en relación con la actividad protocolaria  y los viajes y otros gastos de los consejeros.

-           Ficha individualizada de cada uno de los consejeros del CGAE, incluyendo fotografía, correo electrónico y teléfono de contacto. Si se tratara de consejeros que vayan a gestionar intereses económicos de la Institución, relación sucinta del valor económico de su patrimonio, que se presentará en el momento de tomar posesión del cargo y en el del cese.

-           Relación de puestos de trabajo del CGAE. Indicación de la remuneración en promedio de cada tipo de puesto. Importe de las indemnizaciones por razón del servicio de los directivos responsables de cada área.

Todo ello es perfectamente aplicable en el ICAM. Pese a ello la Decana lo defiende como consejera e integrante de la Comisión permanente del CGAE pero no lo aplica en el Colegio de Madrid que ella preside, exteriorizando con ello una actitud oscurantista muy alejada de sus promesas electorales y de sus permanentes manifestaciones públicas sobre su actuación como decana del ICAM.