Sonia Gumpert denuncia que “instancias de poderes nacionales y europeos” atacan a los Colegios de Abogados
El pasado 20 de diciembre la placidez prenavideña se vio de repente turbada por un inquietante aviso; Sonia Gumpert, inasequible defensora de las bondades de los Colegios de Abogados, nos alertaba: “Nuestros colegios y las instituciones jurídicas que los conforman están siendo hoy más que nunca objeto de ataques que sólo persiguen debilitar y menoscabar estas instituciones, sus competencias públicas o nuestra colegiación universal”, son “ataques que proceden tanto de las instancias de poderes nacionales, como desde las autoridades judiciales o administrativas europeas cuyas sentencias y directivas atacan sin recato la prerrogativa de confidencialidad de los abogados de empresa, la competencia delegada en materia de justicia gratuita y turno de oficio o la de dictaminar sobre las costas procesales en jura de cuentas y tasación de costas”, “no hay abogados ni defensa sin sus colegios y sin sus competencias disciplinarias y de amparo”, subrayó.
Ante la gravedad de la denuncia, preocupados, nos informamos de la exactitud de esas palabras, que pudimos confirmar en las ediciones de El Día de Córdoba (20-12-16) y El Diario de Córdoba (19-12-16). Sin duda debía ser grave el ataque pues para denunciarlo Sonia Gumpert buscó el marco incomparable del Colegio de Abogados de Lucena (en el que actuaba como madrina de honor de seis nuevos colegiados/as) consciente, sin duda, de que este Colegio se ha convertido en un ejemplo de las altas cotas que se pueden alcanzar con el actual marco legal de ordenación de la abogacía.
No queremos exagerar el éxito del Colegio de abogados de Lucena, por lo que preferimos acudir a las fuentes locales, que nos dan una idea de su excelencia: “Fundada en 1870, esta organización cuenta ya con 13.000 abogados inscritos. Una cifra más que elevada y que se debe al hecho de que, el que fuera su Decano, Juan González Palma, rebajara el coste de inscribirse como colegiado en 2013, justo antes de que entrase en vigor el punto de la Ley de acceso a la Abogacía que obligaba a realizar un curso a los licenciados que quieran ejercer. Se trata de una situación que provocó que miles de abogados acudieran a colegiarse a Lucena, a pesar de no ejercer en esta localidad y, ni siquiera, en la provincia” (El día de Córdoba, 20-12-16).
¡13.000 abogados inscritos!. Temerosos de que el orgullo local pudiera haber exagerado las cifras acudimos a los datos de colegiación del Consejo General de la Abogacía Española (censo cerrado a 31 de diciembre de 2015) ante cuyas cifras quedamos atónitos: el Colegio de abogados de Lucena tiene un total de 12.735 colegiados/as (el tercero más grande del Estado tras Madrid y Barcelona), de ellos 270 son abogados/as (corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado/a al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. Art. 542.1 LOPJ) y 12.465 son colegiados/as no ejercientes.
Efectivamente, el Colegio de Abogados de Lucena no es de los abogados/as; ni siquiera con el voto doble que sus estatutos les otorgan podrían imponerse a los criterios que defendieran los no ejercientes (conjunto formado tradicionalmente por personas con diferentes profesiones, no sólo jurídicas, como procuradores/as, jueces/zas, notarios/as, letrados/as de la Administración de Justicia, comisarios/as de policía, etc. y que no tiene por qué excluir otras –todas ellas tan dignas como las ya citadas y la propia de abogado/a- como empleado/a de finca urbana, diputado/a, oficial/a de oficios varios, transportista, ministro/a, banderillero/a, etc., siempre que posean el título de licenciado/a en derecho); así pues 12.465 “no abogados/as” pueden censurar a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, aprobar o rechazar los presupuestos, proposiciones, cuotas ordinarias o extraordinarias, etc., y conformar la opinión del Colegio de abogados frente a asuntos que afectan a la práctica diaria de la profesión de abogado/a, en función de sus intereses particulares, ajenos y, generalmente, contrarios a los de los abogados/as.
No es una situación excepcional, el actual modelo de organización de la abogacía no sólo permite sino que facilita que esto suceda, los Colegios dejan de ser de los abogados/as porque lo que prima es el “negocio”, en este caso entendido como el aprovechamiento de una situación concreta (la avalancha de colegiados/as no ejercientes para evitar las pruebas de acceso a la abogacía) que permite mediante estrategias de “dumping” colegial conseguir una riada de cuotas para los presupuestos colegiales; la desaparición del protagonismo de los abogados/as en el Colegio de Lucena, sepultados en una proporción desfavorable de 46 a 1 frente a los no ejercientes, no importa.
En el censo del CGAE, a 31 de diciembre de 2015, 12 Colegios de abogados tienen ya un mayor número de colegiados/as no ejercientes que de abogados/as y es una tendencia que se incrementa; los Colegios están ya siendo utilizados no sólo como “lobbys”, sino como trampolines para el medro personal de algunos/as y eso está influido por el hecho de que, cada vez menos, responden a su función originaria ¿quizá porque ésa función ya no es necesaria?.
¡Atacan a los Colegios de abogados!, ¿y se extrañan?.
Junta Directiva de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. ALA