El desmantelamiento del Estado Social de Derecho en España, ha afectado también a la Administración de la Justicia, dejándola sin recursos y atacando su independencia, repercutiendo negativamente en los derechos y libertades de la ciudadanía.
Nuestra responsabilidad institucional como letradas y letrados de las Asociaciones que suscribimos, nos lleva a denunciar la privatización de la Justicia en beneficio de las empresas y corporaciones que se lucran con el servicio público de la administración de justicia, en detrimento de los derechos de la ciudadanía.
La ciudadanía ve imposible ejercer su Derecho Constitucional de Acceso de la Justicia, por las tasas judiciales y la reducción a límites arbitrarios e inaccesibles de la justicia gratuita. Con las políticas que se están implantando, el derecho a la tutela judicial efectiva está en peligro.
Se ha desmantelado, para ahora privatizar, el Servicio Publico de Justicia Gratuita, el servicio reducido a mínimos está ahora listo para ser entregado a cualquier entidad privada dispuesta a asumir una asistencia jurídica virtual y prácticamente inexistente.
Así la Administración central ha consolidado la cesión de facultades a registradores, notarios, procuradores en detrimento de los letrados y letradas, como garantes del acceso a la justicia efectiva. El objetivo de la actual Administración ha sido reconvertir el servicio público de la administración de justicia, en un servicio mediatizado encargado a entidades privadas que dejan sin contenido el acceso a la justicia real. Un claro ejemplo es la privatización de los Juzgados del Registro Civil Central a manos de los registradores, notarios y ahora procuradores.
Es imprescindible la movilización de toda la comunidad jurídica y de la sociedad civil en defensa de los servicios públicos de Justicia. Sin verdadero acceso de calidad a la justicia no tenemos derechos, y ese es el objetivo del Gobierno.
Hacemos un llamamiento a la movilización. Apoyamos todas las convocatorias que se están realizando desde distintos sectores, instituciones y movimientos sociales que buscan la defensa de los derechos de todos y todas.
Las Asociaciones de Letrados que suscriben, reiteramos que en un Estado Social y Democrático de Derecho, un Poder Judicial independiente ha de ser el órgano de control por excelencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y, el Ministerio Público, como garante de las libertades y defensor del interés público y social, han de poder operar imparcialmente en un sistema organizativo, de servicio público de justicia, dotado de medios para atender la demanda de Justicia de la ciudadanía, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, es un deterioro progresivo de la Justicia en España, ante ello.
DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
1.- Que los poderes públicos atentan contra la conservación y mantenimiento del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio en España, negando a ciudadanos carentes de recursos económicos el acceso a un Abogado/a gratuito/a.
2.- Que la Administración Central y las Autonómicas no garantizan los servicios de traducción e interpretación prestados por empleados públicos vulnerando la Directiva Comunitaria 2010/C69/01 DOUE de 18.03.2010.
3.- La Administración a través de la Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en trámite parlamentario, niega que el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita prestado por los Letrados /as del Turno de Oficio, satisface un Servicio Público fundamental y esencial para el acceso de los más desfavorecidos a la tutela judicial efectiva, y en píe de igualdad con los justiciables que pueden costeárselos.
4.- La defensa del Turno de Oficio es hoy más que nunca necesaria frente a la reforma impuesta por el Gobierno, en contra de la voluntad claramente expresada de todos los operadores jurídicos, e instituciones colegiales, por lo que afirmamos y defendemos que el Turno de Oficio es un derecho constitucional para los ciudadanos carentes de recursos económicos.
5.- Denunciamos que las tasas judiciales, tienen una finalidad únicamente recaudatoria, que atenta contra el derecho a la Justicia de los ciudadanos y las ciudadanas a la hora de defender sus derechos e intereses legítimos ante los órganos jurisdiccionales. En España tenemos una justicia exclusiva para ricos, sólo para aquellos que puedan costearse dichas tasas.
6.- Las medidas adoptadas por el Gobierno español en materia de educación, salud, justicia, justicia universal, justicia gratuita y otros servicios sociales, con restricción de derechos, sin debate ni participación de la sociedad civil, constituyendo un abuso de poder por parte de los Poderes Públicos, restringiendo inclusive el derecho de manifestación y protesta ciudadana, en clara vulneración del Art. 1.1º de la Constitución, por el que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Llamamos a los Abogados y Abogadas compañeros del Turno de Oficio o fuera de él, a la ciudadanía en general a la defensa de la Justicia en nuestra País, a dar la batalla en cada proceso judicial, en cada procedimiento administrativo, a impugnar cada tasa judicial abusiva, a apoyarnos en las medidas que venimos comunicando a través de nuestras redes sociales, porque la inacción es complicidad, y porque el acceso a la Justicia es tarea de tod@s.
Madrid, septiembre 2014
ALA/APAEM/