El jueves 27 de julio se descubrió un importante fallo de seguridad en la plataforma Lexnet, dicho fallo consistía en que se podía acceder a las carpetas de cualquier usuario del sistema solo con cambiar la ID.
El Ministerio ante la evidencia cerró la plataforma que fue reactivada a las pocas horas. Un fallo de tal magnitud, según opiniones realmente formadas, no podía resolverse en tan poco tiempo, y así debió ser porque finalmente la plataforma ha estado cerrada todo este fin de semana.
Desde el inicio los operadores jurídicos hemos criticado y puesto de manifiesto la multitud de problemas que nos ha supuesto tal implantación: desembolsos económicos para la compra de nuevos equipos informáticos, licencias de Software, actualizaciones imposibles, se cuelga constantemente y es lento. No tiene sentido que solo funcione con un navegador, cuando debería ser compatible con cualquier sistema operativo, principalmente libre. A lo que hay que añadir la incertidumbre de las consecuencias procesales, los fallos del sistema (muchos) y los plazos, la imposibilidad de remitir documentación anexa abundante y el absurdo requerimiento de presentar en papel en los días siguientes que aún exigen muchos juzgados. Año y medio después se encuentra muy lejos del objetivo de “Papel 0” con el que nos impusieron el sistema.
Pero los inconvenientes y disfunciones de LexNet no son el mayor problema, sino que se se encuentra en manos del Ministerio de Justicia y no dependiente del Consejo General del Poder Judicial, es decir, se encuentra en manos del poder ejecutivo en lugar del poder judicial, lo que atenta contra el sistema de separación de poderes.
Su gestión es totalmente opaca, no hay información sobre la licitación y contratación de la empresa encargada del mismo, y solo existen datos parciales sobre el mantenimiento del sistema cercanos a los 7 millones de euros. Por otra parte, se ha pedido insistentemente el código fuente para auditarlo y ha sido negado.
Si cualquiera con mínimos conocimientos informáticos podía acceder a cualquier asunto judicial, el Ministerio, y por ende el Gobierno, tiene acceso directo y sin necesidad de pedir permiso de todos los expedientes judiciales e, incluso, de carpetas personales de abogados y procuradores. En papel la custodia de los expedientes corresponde al propio juzgado, pero ahora, en la red, el juzgado pierde de vista sus propias actuaciones que quedan alojados en los servidores del gobierno. No solo utilizamos los abogados la plataforma, la policía, la guardia civil, los fiscales, y el resto de los operadores jurídicos tenemos la obligación de comunicarnos a través de ella.
España se encuentra denunciada ante la Unión Europea por varios abogados por cuanto Lexnet vulnera el principio de separación de poderes además de suponer una vulneración de “los derechos de los Ciudadanos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con la protección de datos de carácter personal, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derechos un juez imparcial y los derechos de defensa.”
Ninguna explicación ha dado el Ministerio sobre el fallo que ha tenido todo el fin de semana la plataforma parada, los asuntos a los que ha afectado, las consecuencias en orden a la Protección de Datos, cómo se ha resuelto, qué se ha implementado para que no pueda volver a suceder, etc.
Esta crisis en cualquier país europeo hubiese provocado las dimisiones de los responsables, en este caso del Ministro.
31 de julio de 2017
Asociación libre de abogadas y abogados (ALA)