Comunicado de AED sobre la situación en Cataluña.

El Bureau de la Asociación Abogados Europeos Demócratas -AED (www.aeud.org), confederación de asociaciones y sindicatos de abogados y abogadas de Europa creada hace 30 años, reunido en Berlín, observa con preocupación algunas reacciones de la Administración española y sus autoridades judiciales en relación con la decisión de la ciudadanía catalana y sus autoridades políticas de celebrar el próximo 1 de octubre el referéndum de autodeterminación, aprobado por ley del Parlamento catalán y organizado por el Gobierno de Cataluña, una vez que la impugnación del gobierno español ha comportado la suspensión automática de la suspensión de dichas normas por parte del Tribunal Constitucional español.

 

Con independencia del debate sobre la validez legal y la valía política que pueda tener el resultado del referéndum, cuya convocatoria ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, y con independencia, así mismo, del debate sobre si dicha suspensión habilita para impedir por la fuerza su celebración, en estos días estamos asistiendo a una restricción, a menudo sin intervención judicial alguna, de los derechos fundamentales de la ciudadanía, derechos como los de libertad de expresión, libertad de información, derecho de reunión, derecho al secreto, confidencialidad e integridad de las comunicaciones y el derecho al juez natural predeterminado por la ley, adoptándose medidas que incluso van más allá de las que permitiría la declaración de un estado de excepción.

 

Así, el Servicio Postal de Correos, sin autorización judicial, ha retenido correspondencia en base a su contenido;  así mismo, se han suspendido actos públicos destinados a la difusión de ideas políticas; se ha identificado, retenido y detenido a ciudadanos y ciudadanas por difundir ideas políticas en la calle, confiscando material impreso e incluso claveles rojos, que pretendían distribuir para enfatizar el carácter pacífico de su propuesta de cambio político. La citación de más de 700 alcaldes y alcaldesas catalanas por parte del Ministerio Fiscal para tomarles declaración, la apertura de procedimientos penales contra parlamentarios y el gobierno catalán en pleno, los registros en imprentas sin orden judicial previa y las advertencias coactivas por parte de la policía dirigidas a medios de comunicación son muestras de la debilidad democrática del del Estado español y forman parte de una estrategia represiva que niega la política.

 

La AED considera que en las últimas horas los derechos y libertades fundamentales han sido atacados de forma anómala y demanda del Estado español que haga todo lo que esté en su mano para reestablecerlos de forma inmediata.