Comunicado de AED sobre la represión en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña son muy graves en una democracia. Condenamos, con indignación, las acciones de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía que hayan vulnerado los derechos fundamentales de la gente, entre ellos el derecho a la salud y a la integridad física, el derecho a la participación política, de reunión y manifestación, así como el derecho a votar y a expresar libremente las ideas.
Los Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado de manera totalmente desproporcionada e injustificada, todo ello en un contexto de protestas pacíficas sin actos de provocación o violencia justificadora.
El objetivo principal de la policía era asustar a la población con el fin de disuadirla de acudir a las urnas (con independencia de que dicho voto tenga o no valor legal). Por otro lado, la actuación concreta, en terreno, de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía sobrepasó su mandato judicial. En realidad, los cuerpos de seguridad necesitaban una justificación para reaccionar con violencia contra el independentismo, justificación facilitada por el mandato judicial. Ello permite explicar las agresiones gratuitas y crueles contra los ciudadanos y ciudadanas en los colegios electorales y la destrucción sistemática de locales y mobiliario público durante sus intervenciones.
La acción policial ha traspasado la legalidad dada la utilización indiscriminada y generalizada de violencia contra la población, así como por la utilización de material antidisturbios, estrictamente prohibido en situaciones sin riesgo, como son los gases lacrimógenos y las escopetas de pelotas de goma. Con su actuación física, además de causar daños personales (a día de hoy se contabilizan 870 personas heridas), se ha impedido votar a miles de personas, en una acción represiva sin precedentes en el marco europeo. Sus acciones tampoco han respetado la situación de vulnerabilidad de muchas personas, entre ellas, las personas mayores, han afectado a la integridad sexual de mujeres y han causado numerosos daños en bienes públicos.
Este comportamiento represivo generalizado y desproporcionado contra la ciudadanía, sin distinción, es contrario a las normas de cualquier estado democrático.
La AED considera que el problema reside en la debilidad del Gobierno español para abordar democráticamente una reivindicación política y denuncia la instrumentalización de la policía, la fiscalía y la judicatura, quienes no deberían ser agentes ni árbitros en un conflicto político de esta naturaleza.
Finalmente, la AED subraya el clamoroso silencio de las instituciones de la Unión Europea ante esta coyuntura.
Dos de octubre de 2017.