Apoyo masivo de los abogados a la huelga de jueces del 20 de febrero

El Consejo General de la Abogacía, sindicatos y consumidores se suman al paro judicial contra la «privatización de la Justicia» de Gallardón

15.02.13 – MATEO BALÍN | MADRID.

La huelga de jueces convocada para el próximo miércoles contra las reformas de la Administración de Justicia que promueve el ministro Alberto Ruiz Gallardón contará con el apoyo unánime de los colegios de abogados del país, asociaciones de consumidores y las principales organizaciones sindicales, reunidos en torno a la Plataforma Justicia para Todos.

Se trata de un respaldo fundamental para los convocantes del paro, las asociaciones de jueces y fiscales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional de Fiscales, después de que el colectivo mayoritario de la carrera judicial, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, no se adhiriera finalmente a la convocatoria.

El Consejo General de la Abogacía se sumó ayer a la huelga en coherencia con la posición crítica que mantienen hacia el Ministerio de Justicia tras la aprobación de la polémica ley de tasas judiciales, norma que consideran un golpe frontal al trabajo de los despachos de abogados porque verán reducidos de forma drástica sus ingresos.

También secundarán el paro el Consejo de Consumidores y Usuarios y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSI-F, USO y STAJ. Para ello argumentan la falta de negociación del ministerio para pactar las reformas, «la privatización» del servicio público de la Justicia y del Registro Civil, la aplicación de las tasas y las «medidas improvisadas y oportunistas que están provocando el desbaratamiento de la Justicia».

Derogación o reforma

Sobre las tasas judiciales y el reciente anuncio de Gallardón de que iba a modificar las cuantías, la plataforma que agrupa estos colectivos reclamó «la derogación o reforma sustancial» del proyecto para restablecer la tutela de los derechos de los ciudadanos «y, en todo caso, excluir a las personas físicas del pago de unas tasas, desproporcionadas e injustas».

Al mismo tiempo, lamentaron que el ministro ignore el clamor popular que suponen las 350.000 firmas presentadas por los ciudadanos contra este gravamen de los recursos en los tribunales, de entre 50 y 750 euros en las jurisdicciones civil, social y contencioso.

De la misma forma, denunciaron que el «gran atasco» en la Administración de Justicia se ha visto agravado por la supresión de jueces y fiscales sustitutos y la falta de personal funcionario y laboral, y reclamaron la devolución del importe de las tasas a todos aquellos que las hayan satisfecho y que hayan obtenido en su día el beneficio de la justicia gratuita. Al igual que los jueces conservadores de la APM también se ha caído de la huelga el Sindicato de Secretarios Judiciales, que anunció que no la secundarán por la falta de acuerdo entre las partes.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial mantiene su negativa a respaldar el paro y defiende la capacidad de diálogo con el ministerio. Considera que la oposición de una parte de los jueces y fiscales al anteproyecto de ley que modifica la estructura orgánica del Consejo no justifica la huelga y es más comprensible reivindicar «la falta de medios materiales y personales» por la vía negociadora.