ALA presenta anuncio de recurso contra la Orden Ministerial que desarrolla la Ley de Tasas

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La Asociación Libre de Abogados ha presentado en el día de hoy, viernes 15 de Febrero de 2013 ante la Audiencia Nacional el anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la Orden HAP/2662/2012 que regula el pago de las tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

De esta forma, nos unimos a diferentes colectivos, asociaciones o Colegios Profesionales en la batalla jurídica contra las tasas.

Para ALA, la aplicación de la Orden que se recurre, “constituye un obstáculo económico insalvable para infinidad de particulares que, de facto, ven restringido el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cercenándole un derecho fundamental establecido en nuestra Carta Magna”.

La Orden recurrida “configura una nítida infracción del art. 24 de la Constitución”, ya que entendemos que impide “de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación esencial del derecho a obtener una tutela judicial efectiva, no siendo tampoco, acorde al principio y derecho fundamental de igualdad de trato ante la Ley contenido en el art. 14 de la Constitución”.

Para nosotros y nosotras, la Orden HAP/2662/2012  “supone una limitación absoluta a los efectos de facilitar al ciudadano el acceso a los tribunales”.

ALA no se va a quedar quieta ante la grave vulneración de derechos que supone la Ley de Tasas y la orden ministerial que la desarrolla: no se trata de la cuantía de las tasas únicamente,  sino de imponer una tasa para el acceso “a un servició público universal que ya está sufragado por medio de los impuestos”. Presentamos batalla en los juzgados y en la calle.

El reciente anuncio del Ministerio de Justicia de aceptar algunas de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, no viene más que a certificar que las Tasas son inconstitucionales: La Asociación Libre de Abogados consideramos que la aplicación de esta Orden Ministerial conculca de  una   manera grave y fraudulenta los principios que deben regir y ser garantizados por los poderes públicos, concretamente el derecho de acceso a la justicia. Esta norma demuestra  que el derecho que este Gobierno pretende aplicar es   un derecho a la justicia exclusivo para algunos ciudadanos y ciudadanas de este Estado.