En el día de ayer escuchamos todos y todas con perplejidad que Esperanza Aguirre quiere devolver las competencias de la Comunidad de Madrid relativas a la Justicia Gratuita.Esta pretendida voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid no es otra cosa que el anuncio de un fracaso de Esperanza Aguirre a la hora de la gestión de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia.
Para la Asociación Librede Abogados el anuncio de Esperanza Aguirre no es más que otro paso en el progresivo desmantelamiento de la Justicia entendida como un servicio público. En lo referido a la Justicia no existe un problema de competencias, sino un verdadero problema de voluntad política de desarrollar el derecho a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 24 dela Constitución. Y no es un problema solo de la justicia gratuita, es un problema de cómo las administraciones entienden, desarrollan y organizan la Justicia. ALA se reafirma en que la justicia es un servicio público, como lo son la sanidad o la educación. Un derecho básico de todos los ciudadanos, y que, sin justicia, difícilmente existirán derechos. El derecho y la justicia son las garantías de los débiles frente a los poderosos y por ello ALA defenderá en todos los espacios en los que está presente, una justicia para todos y todas de calidad y gratuita.
La pretendida devolución de las competencias que ha propuesto Esperanza Aguirre viene en el marco de un profundo desprecio y desconocimiento de la situación dela Justicia y de la llamada Justicia Gratuita. No podemos dejar de denunciar que el Ministerio de Gallardón gestiona la justicia gratuita en 5 de las 17 comunidades y los problemas son los mismos. En Mayo de 2012 Gallardón ofreció a las Comunidades hacerse cargo de la Justicia Gratuita, pero con la pretensión de reformarla para endurecer los requisitos de acceso a la Justicia. Además, el Ministerio pretende que los gastos que genera el Turno de Oficio sean sufragados con los ingresos de las nuevas tasas impuestas (un “repago,” ya que pagamos la justicia vía impuestos, y cuando queremos acceder a ella nos hacen pagar una tasa), toda una peripecia que a lo que nos lleva es a un gobierno que pretende en suma dificultar el acceso de la ciudadanía a la justicia.
El incremento de las tasas antes existentes, las nuevas tasas judiciales que se quieren imponer y el endurecimiento del acceso a la justicia gratuita son dos caras de la misma moneda de las políticas del PP que no cree en la Justiciay pretende restringir su acceso a través de medios económicos, demostrando una vez más la falta de sensibilidad con la situación actual y el mantenimiento de políticas capitalistas que benefician única y exclusivamente a unos pocos La pretendida devolución de las competencias de justicia gratuita solo suponen un paso más en descredito de la justicia y su desmantelamiento.
ALA se muestra sorprendida de que en este marco en el que nos movemos guiados por las políticas de recorte y austeridad algunas asociaciones celebren el anuncio de la devolución de las competencias.
El problema no se resuelve, solo cambia de manos para ir a peor.
Los abogados y abogadas somos trabajadores y trabajadoras del derecho pertenecientes a la comunidad jurídica que organiza un servicio público fundamental que es la Justicia. Como trabajadores y trabajadoras estamos sufriendo los continuados recortes de derechos y restricciones presupuestarias y en este marco, el anuncio de Esperanza Aguirre no es otra cosa que un recorte, disfrazado de devolución de competencias.
Es por ello que, ante este nuevo anuncio, ALA anuncia su frontal rechazo y anima a todos los trabajadores y todas las trabajadoras del derecho y a la ciudadanía a movilizarse en defensa dela Justiciay por crear otro modelo de la misma.
ALA, junto con el resto de la comunidad jurídica y de la ciudadanía promoverá acciones y huelgas para la defensa de la Justicia así como manifestará su disconformidad con cualquier tipo de acción que pueda suponer una lesión de los derechos e intereses de personas en privación de libertad, ya sea en dependencias policiales en centros penitenciarios, o cualquier otra situación extrema que requiera de la intervención letrada; no permitiendo , ni participando en acciones en las que puedan verse vulnerados los derechos fundamentales.: en ese sentido, las huelgas o las acciones que promoveremos serán respetuosas con los derechos de los justiciables.
Creemos, trabajamos y trabajaremos por una justicia para todos y todas y mostraremos nuestra más absoluta disconformidad y total rechazo con cualquier tipo de recorte que se haga de este servicio público en el que participamos.